En el país escasean la carne de res, los huevos, el azúcar y la leche, entre muchos otros productos. Frente a este hecho evidente el Gobierno responde, a través de su ministro de Agricultura y Tierras, sociólogo Elías Jaua: “No pretendan ocultar las intenciones de esta campaña de desestabilización sobre una supuesta caída de la producción”. En las palabras del funcionario hay una clara referencia a los medios de comunicación que han destacado la noticia. Jagua —basándose en el alto poder adquisitivo de la gente— dice que los medios opositores se han puesto de acuerdo para inducir un consumo nervioso de alimentos, lo cual ha terminado por vaciar los anaqueles de los establecimientos comerciales y crear un cuadro ilusorio de escasez. Es decir, el déficit de los bienes en los mercados populares, abastos y supermercados es causado por los periódicos, radio y televisoras interesadas en sembrar incertidumbre y deteriorar la imagen del Gobierno.
Extraña forma de razonar la del Ministro, pues los expertos en la materia, a través precisamente de los medios de información, le han advertido con insistencia al Gobierno que la falta de alimentos resulta inevitable en la medida en que persistan los factores que desestimulan la inversión particular en el campo. La lista es larga: ataques a la propiedad privada e inseguridad jurídica, amenazas constantes de invasiones y expropiaciones a los hatos y haciendas más productivas, control de precios sin revisiones periódicas, severas restricciones a las ganancias de los empresarios del campo (venta por debajo de los costos de producción), existencia de cooperativas y empresas de cogestión y autogestión ineficientes, desarrollo endógeno desconectado de la globalización y de la aplicación de los principios basados en las ventajas comparativas, falta de asistencia técnica y financiera oportuna a los productores agrícolas, estimulo a la economía de puertos. Todos estos factores, que combinados explican la precaria situación del agro, son ignorados por Jagua. Su crítica se dirige hacia quienes están comprometidos a informar con objetividad sobre lo que ocurre en el país, no a quienes están obligados a aliviar los cuellos de botella.
Ese estilo que consiste en ocultar y desviar la atención, para luego justificar las acciones —u omisiones— oficiales, se ha puesto de moda entre los funcionarios del Gobierno. En días recientes, con motivo del lamentable asesinato del actor Yanis Chimaras, el ministro de Interior y Justicia, Pedro Carreño, en sus primeras declaraciones a la prensa sugirió que ese horrendo crimen podría haber sido obra de un diabólico plan fraguado por la oposición, pues le parecía muy extraño que siendo Chimaras proclive al oficialismo, su muerte ocurriera sólo unos días después de que un dirigente de los motorizados —también chavista— hubiese perdido la vida en un atraco. El ministro Carreño dejaba de lado que cuando se cometió el crimen de Chimaras, los delincuentes estaban saliendo de una casa donde habían perpetrado un secuestro. O sea, ya habían cometido un delito. En vez de reconocer que existe un gravísimo problema de inseguridad personal en la nación, que cobra la vida de miles de personas al año, el funcionario se preocupa por descalificar y arremeter contra los opositores. En realidad los funcionarios no gobiernan, agraden.
Volviendo al tema de la escasez, las opiniones del ministro de Agricultura y Tierras revelan su ignorancia y desconexión con los nudos críticos del campo venezolano. Lamentablemente el distanciamiento de la realidad no es exclusivo de ese funcionario, más bien constituye una característica muy común y acentuada del Gabinete actual. Hasta 1999 los ministros del área económica eran seleccionados, sin duda, por sus simpatías con el Gobierno y con el Presidente de turno; sin embargo, a ellos no se les pedía adscripción total al Gobierno o a su partido, y mucho menos renuncia a sus propios criterios profesionales. Privaba aquello que los griegos llamaban autoritas: la autoridad basada en el prestigio y el saber. Por ejemplo, el ministro de Agricultura solía ser alguien ligado a la tierra. Una persona que conocía los problemas típicos del área, con capacidad para diagnosticar el cuadro clínico y sugerir terapias. Lo mismo ocurría con quienes ejercían el ministerio de Fomento o de Finanzas. Se buscaban, al menos, dos objetivos: primero, que las simpatías políticas se combinaran con sólidos conocimientos técnicos y profesionales; segundo, que los diversos sectores nacionales estuviesen representados en el Gabinete Ejecutivo; que el Gobierno fuese realmente de carácter Nacional. Para infortunio del país esta visión caracterizada por la amplitud se ha perdido. Los méritos profesionales, la experticia, el conocimiento previo, los criterios propios, la autoritas, han sido sustituidos por la sumisión incondicional al proyecto político del Presidente de la República. La meritocracia, en el sentido estricto de la expresión, ha sido desterrada del Gabinete. Ahora hay que ser socialista del siglo XXI y rendirle culto a la personalidad del jefe de Estado.
Las consecuencias de este desbarro las estamos sufriendo. En medio de la mayor bonanza petrolera de la historia nacional, PDVSA no tiene cómo financiar las cuantiosas inversiones que exige el incremento de la producción petrolera, hay escasez de alimentos, el aparato industrial no se expande ni fortalece, el empleo formal no aumenta, Venezuela recibe casi tantas inversiones extranjeras como Haití, a pesar de sus hipotéticas ventajas. La oportunidad de crecer y desarrollarnos el Gobierno la está desperdiciando.
Extraña forma de razonar la del Ministro, pues los expertos en la materia, a través precisamente de los medios de información, le han advertido con insistencia al Gobierno que la falta de alimentos resulta inevitable en la medida en que persistan los factores que desestimulan la inversión particular en el campo. La lista es larga: ataques a la propiedad privada e inseguridad jurídica, amenazas constantes de invasiones y expropiaciones a los hatos y haciendas más productivas, control de precios sin revisiones periódicas, severas restricciones a las ganancias de los empresarios del campo (venta por debajo de los costos de producción), existencia de cooperativas y empresas de cogestión y autogestión ineficientes, desarrollo endógeno desconectado de la globalización y de la aplicación de los principios basados en las ventajas comparativas, falta de asistencia técnica y financiera oportuna a los productores agrícolas, estimulo a la economía de puertos. Todos estos factores, que combinados explican la precaria situación del agro, son ignorados por Jagua. Su crítica se dirige hacia quienes están comprometidos a informar con objetividad sobre lo que ocurre en el país, no a quienes están obligados a aliviar los cuellos de botella.
Ese estilo que consiste en ocultar y desviar la atención, para luego justificar las acciones —u omisiones— oficiales, se ha puesto de moda entre los funcionarios del Gobierno. En días recientes, con motivo del lamentable asesinato del actor Yanis Chimaras, el ministro de Interior y Justicia, Pedro Carreño, en sus primeras declaraciones a la prensa sugirió que ese horrendo crimen podría haber sido obra de un diabólico plan fraguado por la oposición, pues le parecía muy extraño que siendo Chimaras proclive al oficialismo, su muerte ocurriera sólo unos días después de que un dirigente de los motorizados —también chavista— hubiese perdido la vida en un atraco. El ministro Carreño dejaba de lado que cuando se cometió el crimen de Chimaras, los delincuentes estaban saliendo de una casa donde habían perpetrado un secuestro. O sea, ya habían cometido un delito. En vez de reconocer que existe un gravísimo problema de inseguridad personal en la nación, que cobra la vida de miles de personas al año, el funcionario se preocupa por descalificar y arremeter contra los opositores. En realidad los funcionarios no gobiernan, agraden.
Volviendo al tema de la escasez, las opiniones del ministro de Agricultura y Tierras revelan su ignorancia y desconexión con los nudos críticos del campo venezolano. Lamentablemente el distanciamiento de la realidad no es exclusivo de ese funcionario, más bien constituye una característica muy común y acentuada del Gabinete actual. Hasta 1999 los ministros del área económica eran seleccionados, sin duda, por sus simpatías con el Gobierno y con el Presidente de turno; sin embargo, a ellos no se les pedía adscripción total al Gobierno o a su partido, y mucho menos renuncia a sus propios criterios profesionales. Privaba aquello que los griegos llamaban autoritas: la autoridad basada en el prestigio y el saber. Por ejemplo, el ministro de Agricultura solía ser alguien ligado a la tierra. Una persona que conocía los problemas típicos del área, con capacidad para diagnosticar el cuadro clínico y sugerir terapias. Lo mismo ocurría con quienes ejercían el ministerio de Fomento o de Finanzas. Se buscaban, al menos, dos objetivos: primero, que las simpatías políticas se combinaran con sólidos conocimientos técnicos y profesionales; segundo, que los diversos sectores nacionales estuviesen representados en el Gabinete Ejecutivo; que el Gobierno fuese realmente de carácter Nacional. Para infortunio del país esta visión caracterizada por la amplitud se ha perdido. Los méritos profesionales, la experticia, el conocimiento previo, los criterios propios, la autoritas, han sido sustituidos por la sumisión incondicional al proyecto político del Presidente de la República. La meritocracia, en el sentido estricto de la expresión, ha sido desterrada del Gabinete. Ahora hay que ser socialista del siglo XXI y rendirle culto a la personalidad del jefe de Estado.
Las consecuencias de este desbarro las estamos sufriendo. En medio de la mayor bonanza petrolera de la historia nacional, PDVSA no tiene cómo financiar las cuantiosas inversiones que exige el incremento de la producción petrolera, hay escasez de alimentos, el aparato industrial no se expande ni fortalece, el empleo formal no aumenta, Venezuela recibe casi tantas inversiones extranjeras como Haití, a pesar de sus hipotéticas ventajas. La oportunidad de crecer y desarrollarnos el Gobierno la está desperdiciando.
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