La matanza de La Paragua recuerda los peores sucesos de la Guerra de Vietnam, especialmente los crímenes cometidos en My Lai, aquella aldea campesina donde, en 1965, soldados norteamericanos masacraron a mujeres, ancianos y niños, por el solo placer de acabar con la vida ajena. My Lai se convirtió en un icono de la lucha de los pacifistas y antiguerreristas norteamericanos y de todas partes del mundo donde hubo manifestaciones de protesta contra el desgarrador conflicto del sureste asiático. Posteriormente, Francis Ford Coppola recreó en Apocalipsis Now esa orgía de sangre. Todos recordamos aquellas imágenes de los helicópteros sembrando la muerte.
Aquí en Venezuela probablemente no habrá marchas de denuncia y ningún cineasta que aspire a obtener un crédito del gobierno podrá llevar al cine esos sangrientos sucesos. Tampoco podrá llevar al celuloide lo ocurrido en Fuerte Mara, donde murieron calcinados varios soldados jóvenes, detenidos para que pagaran penas por actos de indisciplina. El país ignora quiénes son los más altos responsables de tal brutalidad. Lo que si sabe es que el general Francisco Usón, experto en ignición, paga condena por haber dado públicamente una explicación técnica acerca de por qué y cómo pudieron haber ocurrido los hechos. El régimen chavista es benigno con los criminales (allí están los pistoleros de Puente Llaguno) y cruel con los inocentes, sobre todo si militan en el campo de la oposición.
La respuesta del régimen ante el asesinato de los mineros por parte de miembros del TO5 es de un cinismo que enardece. El ministro del Interior y Justicia, Jesse Chacón, para variar, cuando apareció la denuncia públicamente, acusó a los medios de comunicación de estar, de nuevo, inventando una historia tortuosa. De no haber sido por la valentía de los medios y el coraje del minero que sobrevivió a los disparos que le incrustaron los miembros del ejército, el ataque en el cerro Papelón no se habría conocido, ni habría causado la justa indignación que ha suscitado. La ministra de Ambiente, Jacqueline Faría, señala que los mineros, algunos indígenas, eran unos depredadores que violaban las leyes ambientales. En el caso de que eso fuese cierto, ¿en un país donde el derecho a la vida supuestamente es sagrado, era esa una razón suficiente para masacrar a un grupo de personas indefensas? El propio Ministerio de Ambiente había engañado y manipulado a los pobladores de esa comunidad, pues les había prometido dar el entrenamiento técnico y el auxilio financiero para reconvertirlos en productores agrícolas. Nada de eso ocurrió. Esos trabajadores, siguiendo el principio del “hurto famélico” defendido por el comandante Chávez, intentaron retornar a lo que saben hacer: explotar las minas de oro y diamante. Por su parte, el gobernador de Bolívar, general (r) Francisco Rangel G, cuando se refiere a los hechos, alude a las víctimas con tal desprecio, que poco le falta para afirmar que están bien muertos y enterrados. Ni siquiera guarda las reglas elementales de solidaridad con los deudos.
Hugo Chávez habla de “uso excesivo de amas”. Dice que “no quedará nada oculto, nada oscuro, ni nada impune”. No es que uno desconfíe de la palabra presidencial, pero desde que el caudillo asumió la Presidencia, ha cometido tantas arbitrariedades y apañado tantos abusos, que lo mínimo que uno debe estar es alerta para no dejarse encandilar por ofertas engañosas que se lanzan al boleo en plena campaña electoral. Chávez se opuso a la creación de la Comisión de la Verdad, que hubiese permitido clarificar los hechos acaecidos alrededor del palacio de Miraflores el 11 de abril de 2002. Ese día murieron 20 personas, la mayoría por disparos efectuados por francotiradores apostados en los alrededores de la casa de gobierno. Esta emboscada formaba parte del plan de defensa diseñado por el autócrata. En esa jornada hubo un uso “excesivo de armas” por parte de quienes acordonaban y defendían al mandatario. Los culpables de esa sangría nunca se conocerán. A Chávez no le conviene. Puede salpicarlo la sangre. En contrapartida se ensañó contra los comisarios Henry Vivas, Lázaro Forero e Iván Simonovis, presos por órdenes directas del jefe de Estado. Se negó a formar la Comisión de la Verdad, pero calificó de héroes nacionales a los pistoleros de Puente Llaguno. Al caso de Fuerte Mara ya me referí. El chivo expiatorio es el general Francisco Usón, preso por órdenes del primer mandatario. Se podrían citar algunos ejemplos más de uso excesivo de armas y violencia, como el asesinato de la señora Maritza Ron y el del “caballero” Joao Govella, cuyo destino constituye un misterio. Todos se pierden en las nebulosas.
Por el guión que está elaborando el gobierno a través de distintos voceros, todo indica que la masacre de La Paragua puede terminar en la captura de algunos ofíciales y suboficiales de menor rango, mientras que la densa trama de complicidades que explican ese ataque artero, quedará escondida. El libreto apunta hacia un enfrentamiento entre ejército y mineros que realmente nunca ocurrió. La connivencia con el delito cometido por miembros del estamento militar suele darse en regímenes como el de Chávez, que politizan la institución castrense, la sacan de sus predios naturales y la convierten en el brazo armado del autócrata que gobierna. El caudillo está destruyendo la democracia, acabando con las instituciones independientes y militarizando la sociedad en todos sus estamentos. Su relación con la Fuerza Armada ha perdido, en buena medida, el carácter institucional que tenía. Trata de convertirla en una réplica de la Guardia Republicana creada por Sadam Hussein. Los sucesos acaecidos en La Paragua constituyen una buena oportunidad para apreciar hasta dónde los militares han sido penetrados por la descomposición.
Ahora deberían tomar la palabra personajes como el vicepresidente José Vicente Rangel, el fiscal general Isaías Rodríguez, el periodista Vladimir Villegas y el defensor del pueblo Germán Mundaraín, insignes guardianes de los derechos humanos y quienes montaron en cólera cuando el ejército cometió desmanes durante El Caracazo, o cuando la masacre de El Amparo. El episodio actual es una buena oportunidad para que demuestren que no son cómplices de las atrocidades que la guerra asimétrica endógena esta provocando, y que persiguen los crímenes de lesa humanidad allí donde se produzcan, no importa quién los cometa. ¿Lo harán? Existen suficientes razones para dudar de la coherencia de esos caballeros.
Aquí en Venezuela probablemente no habrá marchas de denuncia y ningún cineasta que aspire a obtener un crédito del gobierno podrá llevar al cine esos sangrientos sucesos. Tampoco podrá llevar al celuloide lo ocurrido en Fuerte Mara, donde murieron calcinados varios soldados jóvenes, detenidos para que pagaran penas por actos de indisciplina. El país ignora quiénes son los más altos responsables de tal brutalidad. Lo que si sabe es que el general Francisco Usón, experto en ignición, paga condena por haber dado públicamente una explicación técnica acerca de por qué y cómo pudieron haber ocurrido los hechos. El régimen chavista es benigno con los criminales (allí están los pistoleros de Puente Llaguno) y cruel con los inocentes, sobre todo si militan en el campo de la oposición.
La respuesta del régimen ante el asesinato de los mineros por parte de miembros del TO5 es de un cinismo que enardece. El ministro del Interior y Justicia, Jesse Chacón, para variar, cuando apareció la denuncia públicamente, acusó a los medios de comunicación de estar, de nuevo, inventando una historia tortuosa. De no haber sido por la valentía de los medios y el coraje del minero que sobrevivió a los disparos que le incrustaron los miembros del ejército, el ataque en el cerro Papelón no se habría conocido, ni habría causado la justa indignación que ha suscitado. La ministra de Ambiente, Jacqueline Faría, señala que los mineros, algunos indígenas, eran unos depredadores que violaban las leyes ambientales. En el caso de que eso fuese cierto, ¿en un país donde el derecho a la vida supuestamente es sagrado, era esa una razón suficiente para masacrar a un grupo de personas indefensas? El propio Ministerio de Ambiente había engañado y manipulado a los pobladores de esa comunidad, pues les había prometido dar el entrenamiento técnico y el auxilio financiero para reconvertirlos en productores agrícolas. Nada de eso ocurrió. Esos trabajadores, siguiendo el principio del “hurto famélico” defendido por el comandante Chávez, intentaron retornar a lo que saben hacer: explotar las minas de oro y diamante. Por su parte, el gobernador de Bolívar, general (r) Francisco Rangel G, cuando se refiere a los hechos, alude a las víctimas con tal desprecio, que poco le falta para afirmar que están bien muertos y enterrados. Ni siquiera guarda las reglas elementales de solidaridad con los deudos.
Hugo Chávez habla de “uso excesivo de amas”. Dice que “no quedará nada oculto, nada oscuro, ni nada impune”. No es que uno desconfíe de la palabra presidencial, pero desde que el caudillo asumió la Presidencia, ha cometido tantas arbitrariedades y apañado tantos abusos, que lo mínimo que uno debe estar es alerta para no dejarse encandilar por ofertas engañosas que se lanzan al boleo en plena campaña electoral. Chávez se opuso a la creación de la Comisión de la Verdad, que hubiese permitido clarificar los hechos acaecidos alrededor del palacio de Miraflores el 11 de abril de 2002. Ese día murieron 20 personas, la mayoría por disparos efectuados por francotiradores apostados en los alrededores de la casa de gobierno. Esta emboscada formaba parte del plan de defensa diseñado por el autócrata. En esa jornada hubo un uso “excesivo de armas” por parte de quienes acordonaban y defendían al mandatario. Los culpables de esa sangría nunca se conocerán. A Chávez no le conviene. Puede salpicarlo la sangre. En contrapartida se ensañó contra los comisarios Henry Vivas, Lázaro Forero e Iván Simonovis, presos por órdenes directas del jefe de Estado. Se negó a formar la Comisión de la Verdad, pero calificó de héroes nacionales a los pistoleros de Puente Llaguno. Al caso de Fuerte Mara ya me referí. El chivo expiatorio es el general Francisco Usón, preso por órdenes del primer mandatario. Se podrían citar algunos ejemplos más de uso excesivo de armas y violencia, como el asesinato de la señora Maritza Ron y el del “caballero” Joao Govella, cuyo destino constituye un misterio. Todos se pierden en las nebulosas.
Por el guión que está elaborando el gobierno a través de distintos voceros, todo indica que la masacre de La Paragua puede terminar en la captura de algunos ofíciales y suboficiales de menor rango, mientras que la densa trama de complicidades que explican ese ataque artero, quedará escondida. El libreto apunta hacia un enfrentamiento entre ejército y mineros que realmente nunca ocurrió. La connivencia con el delito cometido por miembros del estamento militar suele darse en regímenes como el de Chávez, que politizan la institución castrense, la sacan de sus predios naturales y la convierten en el brazo armado del autócrata que gobierna. El caudillo está destruyendo la democracia, acabando con las instituciones independientes y militarizando la sociedad en todos sus estamentos. Su relación con la Fuerza Armada ha perdido, en buena medida, el carácter institucional que tenía. Trata de convertirla en una réplica de la Guardia Republicana creada por Sadam Hussein. Los sucesos acaecidos en La Paragua constituyen una buena oportunidad para apreciar hasta dónde los militares han sido penetrados por la descomposición.
Ahora deberían tomar la palabra personajes como el vicepresidente José Vicente Rangel, el fiscal general Isaías Rodríguez, el periodista Vladimir Villegas y el defensor del pueblo Germán Mundaraín, insignes guardianes de los derechos humanos y quienes montaron en cólera cuando el ejército cometió desmanes durante El Caracazo, o cuando la masacre de El Amparo. El episodio actual es una buena oportunidad para que demuestren que no son cómplices de las atrocidades que la guerra asimétrica endógena esta provocando, y que persiguen los crímenes de lesa humanidad allí donde se produzcan, no importa quién los cometa. ¿Lo harán? Existen suficientes razones para dudar de la coherencia de esos caballeros.
