Así exclamó el presidente al cierre de su presentación de los motores para impulsar el socialismo del siglo XXI. Así concreta la estrategia dirigida a reemplazar el mapa de Venezuela. Para cumplir lo prometido, revierte los invalorables logros democratizadores de nuestra gran reforma del siglo XX y único camino para avanzar en el desarrollo nacional y regional: la descentralización. Una vieja aspiración que venía conquistando la sociedad venezolana, luego de la primera elección directa de gobernadores y alcaldes en 1989.
En la misma Constitución de 1999 se contradicen los postulados descentralizadores con la anunciada participación directa y protagónica que terminó siendo una nebulosa modalidad que sortea toda intermediación entre el líder y su pueblo y tiende a suplantar, antes que complementar, la participación representativa del “pueblo”, la única posible. Los “círculos bolivarianos” y las “mesas técnicas de agua” son ejemplos de las erráticas políticas centralistas que desde el inicio prácticamente sustituyen las actividades propias del Estado: atención a la gente, servicios y obras públicas y sociales, seguridad e infraestructura.
La carrera hacia la más dañina concentración de poderes en la primera magistratura, realmente, se emprende una vez superados los acontecimientos políticos de abril de 2002. En desmedro de la gerencia que reclama el Ejecutivo Nacional, se comienzan a quebrantar los contrapesos de poderes y la delegación de funciones a sectores empresariales y a los gobiernos estadales y municipales. Con el presidencialismo se inician inexplicables intervenciones y expropiaciones de unidades productivas, así como el desmesurado incremento de ministerios y viceministerios. La ineficiencia obliga a la creación de las “misiones” o redes clientelares de servicios, en paralelo y al margen de las gobernaciones y las alcaldías. Estas dos instancias de gobierno se ponen en la mira después de los triunfos comiciales de 2004 y 2005 que garantizaron el control de los poderes nacionales. En efecto, cuando creíamos en la provisionalidad de las “misiones” a fin de salirle al paso al letargo del cada día más burocratizado y obeso Ejecutivo Nacional, se aprueba la ley de los Consejos Comunales de 2006. Esta ajena modalidad de organización del gobierno, exhibida como la esencia de la participación directa y protagónica, ni siquiera queda adosada a los ministerios, sino que depende verticalmente de la propia primera magistratura .
Desde entonces, se impulsa la aleatoria, desordenada y difusa fundación de un incierto número de conglomerados que, en áreas geográficas imprecisas, sin visión de conjunto y eximidos de cualquier lineamiento, pasan a cargar con las ineficiencias y responsabilidades de la gestión de las políticas públicas, más no con las exuberantes cifras provenientes de la renta petrolera. Se preparaba la propuesta para reemplazar el mapa de Venezuela.
En la próxima edición:
La nueva geometría del poder y explosión del poder comunal
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